# ¿Está España Permitendo Despidos Low-Cost? La UE lo Cree Así
La Unión Europea ha vuelto a expresar su preocupación respecto a la legislación española sobre despidos improcedentes, indicando que resulta «demasiado barata». Este no es el primer aviso que recibe España para abordar un tema que, según el bloque comunitario, deja desprotegidos a los trabajadores.
**El Tirón de Orejas Europeo**
El Comité Europeo de Derechos Sociales, un cuerpo asesor del Consejo de Europa, ha criticado que la normativa actual española incumple el artículo 24.b de la Carta Social Europea, ratificada por España en 2021. Este artículo subraya el derecho de los trabajadores despedidos injustamente a recibir una compensación adecuada o, alternativamente, a ser readmitidos en su puesto de trabajo. Según estos estándares europeos, el sistema de indemnizaciones aplicado en España, que ofrece 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades, es insuficiente y no toma en cuenta las particularidades de cada caso, limitando así su capacidad disuasoria para los empleadores.
A pesar de que este dictamen no es vinculante, remarca la necesidad de revisar las leyes laborales para proteger mejor a los empleados, un llamado que ya había resonado previamente desde el Consejo de Europa tras la demanda realizada por UGT.
**Descontento y Propuestas en España**
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha calificado esta observación como un «pronunciamiento histórico», abogando por una negociación seria entre gobiernos, sindicatos y empresarios para alinear las regulaciones españolas con las directrices europeas. Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado su disposición a abrir un canal de diálogo con la misma finalidad. Aunque el Gobierno actual sostiene que el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores ya se alinea con la Carta Social Europea, el debate se intensifica en torno a si las actuales indemnizaciones cumplen realmente con dicho propósito.
**Mírando Hacia el Futuro**
El proceso para ajustar estas regulaciones podría resultar en cambios profundos en el mercado laboral español. Los tribunales nacionales posiblemente desempeñen un papel más activo al interpretar y aplicar la ley, y las empresas tendrían que evaluar más cuidadosamente sus decisiones de despido. Además, una revisión podría dar lugar a que los trabajadores tengan la opción de elegir entre indemnización o reincorporación, brindando así más poder de decisión a los empleados en situación injusta.
La reflexión que se desprende de este escenario resalta la necesidad de equilibrar protección y competitividad dentro de nuestras economías modernas. En este contexto, la tecnología y la innovación no solo aplican a nuevos productos, sino a revisar con un enfoque actualizado las formas de proteger los derechos humanos fundamentales, asegurando así que todos los actores del mercado laboral operen bajo condiciones justas y equitativas.
